Crónica de un ROBO continuado
Parte IV
Jorge Ossa Londoño
Profesor demandado, profesor condenado, profesor subrogado
Los tres nuevos títulos, degradantes, que me ha conferido
la Universidad de Antioquia
En nombre de la Asociación de Profesores Jubilados agradezco y celebro esta reunión que reaviva nuestro espíritu universitario, que invita a un diálogo intergeneracional y mantiene la universal y milenaria corporación de aprendices y maestros, en el centro de nuestras preocupaciones intelectuales. ¡Que viva la Universidad! Pero que viva con dignidad… esa es la crisis de hoy. Nuestra Universidad de Antioquia zozobra en la desmoralización, en la tristeza, en el miedo, en la desesperanza, en la falta de trasparencia, en la ilegalidad, en la indignación. No es digno el momento que vivimos.
Los profesores jubilados, de hoy, somos una cohorte “de muchachos y muchachas” que van desde los 60 hasta los 100 y más años, y estamos agremiados en APROJUDEA y, a través de ésta, también hacemos parte de FEMPA y de todos los trabajadores jubilados del mundo a quienes nos representa, entre otras instituciones, la Organización Internacional del Trabajo. Hasta esta organización internacional hemos tenido que llegar para hacer valer los derechos que la Universidad de Antioquia está vulnerando, mediante el robo continuado que hace, mensualmente, a los jubilados del régimen de TRANSICIÓN que somos todos aquellos a quienes, al primero de julio de 1995, nos faltaban menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión (Artículo 36 de la Ley 100).
Ese grupo de “la transición” somos alrededor de 750 y también incluye a algunos servidores administrativos, que compartían la misma condición. En resumen, la Universidad, como empleadora solidaria, se comprometió a pagar nuestra pensión, de manera “compartida”; y correspondía a Colpensiones el 79% y a la Universidad el 21%. Este compromiso se cumplió hasta 2012 y desde entonces, de manera caprichosa y “terrorista”, la triple rectoría de Alberto Uribe y ahora la triple rectoría de John Jairo Arboleda, decidieron demandar a cada uno de los pensionados para iniciar el robo continuado que, obviamente, en nada ha contribuido a sanear la tesorería de la universidad, pero sí ha destruido, de manera catastrófica, la moral de los adultos mayores y de sus familias. No olvidemos que los jubilados somos sujetos colombianos de especial protección (Ley 2055 de 2020) y esto nos autoriza para recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
Y ¿por qué aseveramos que la decisión es caprichosa? Porque no hay Ley, ni Resolución que lo justifique; por el contrario, la Constitución y la Ley defienden los derechos adquiridos; y la Resolución que creó esa llamada “subrogación” está vigente. ¿Por qué terrorista? Porque demanda a los jubilados de manera individual, sin orden cronológico o alfabético, simplemente jugando a la dispersión y al silencio; y porque, de esta manera, ha mantenido en vilo, por 12 o más años, a los afectados, ante la expectativa de que ‘ya me va a llegar el turno’ y, eventualmente, con la demanda adicional por la devolución de los pagos que se hubieran desembolsado hasta el momento. Todo esto adicionado con el necesario gasto de recursos para el pago de abogados.
Una posibilidad de diálogo para expresar nuestros argumentos se dio con la creación de una mesa que aceptó, públicamente, el rector en Asamblea de ASOPRUDEA; allí, además del Rector, también acudiría APROJUDEA y FEMPA: John Jairo Arboleda incumplió su promesa y esta mesa nunca se reunió. Otro momento crucial se dio en la Mesa de Diálogo Social promovida por FEMPA, con la participación del Ministerio del trabajo, del Consejo Superior y de la administración Central de la Universidad y Colpensiones; esta mesa sesionó dos veces y sigue vigente y pendiente. Para completar la historia del esfuerzo solapado de la Universidad (llámese rectores y dirección jurídica) por seguir perpetrando el robo, hemos encontrado que, desde diciembre de 2023, Colpensiones anunció a la rectoría su disposición de reliquidar las pensiones; para el efecto Colpensiones solicitó el envío de la hoja laboral de cada uno de los afectados. Esa carta fue engavetada por el Rector y se conoció hace sólo tres semanas; así, se ha incurrido en un silencio administrativo irresponsable e infame.
Es claro que el tema de los jubilados, como todo el tema de la financiación y de la administración general de la universidad, está siendo manejado sin trasparencia, con verdades a medias, con falacias y con arrogancia y, como es muy evidente, sin apego a la Constitución que nos cobija. La vulneración de derechos profesorales empezó con los viejos que ya no son honorables sino ignorables; y seguirá con otros eslabones débiles de la cadena; como los de cátedra y los ocasionales, hasta cuando se cumpla a cabalidad la sentencia de Brecht ( y recordemos que se atribuye también al mismo poeta, aquello de que “los que luchan un día son buenos, pero los que luchan toda la vida son los imprescindibles”). Estas son las razones, a grandes rasgos, que nos motivan para pedir a esta asamblea multiestamentaria que nuestra justa causa sea incluida en el pliego de peticiones para un nuevo acuerdo de armonía universitaria.
PD. La nueva Ley de pensiones contempla que, después de 5 años, de la adjudicación de una pensión de jubilación, esa decisión se vuelve inmune a cualquier intento de manipulación, justamente como parte del Sistema de Protección Social del Adulto Mayor. Además, hemos de recordar que la norma de aplicación de la mayor favorabilidad sigue vigente para todos los efectos legales en Colombia.
Nota: Este documento fue leído, por el autor, en la Asamblea General de Profesores citada por la MESA ÉTICO-POLÍTICA, el día 30 de julio de 2024.