Crónica de un ROBO continuado
Parte II
Jorge Ossa Londoño
Profesor demandado, profesor condenado, profesor subrogado
Los tres nuevos títulos, degradantes, que me ha conferido
la Universidad de Antioquia
¡Ojo! La universidad era y sigue siendo “pagadora de pensiones”. La Resolución Superior Nro. 2 de 1979, creó el fondo de “Fondo de Previsión Social” y para ese fondo, entre otras fuentes, se retenían dineros de nuestros salarios. El fondo sigue activo para el pago de las pensiones de los profesores anteriores a la transición, que reciben una mesada correspondiente al 100% de lo que era su salario regular.
Los servidores de la Transición, aquellos a quienes a primero de enero de 1996 les faltaban menos de 10 años para alcanzar el tiempo de servicio, fueron trasladados a fondos privados, si tal era la voluntad expresa de la persona afectada, o al Seguro Social, todos los demás, aunque el afectado no hubiera sido consultado al respecto. Así lo demandaba la norma (Ley 100).
Ante el impase relacionado con la pensión que puede reconocer el Seguro Social, hoy Colpensiones, la cual se calcula sólo con base a 12 salarios e ignora las primas y reconocimientos adicionales que también constituían base salarial y sumaban 3 y medio salarios mensuales, para los profesores, y 2 salarios y medio para el personal administrativo, la Universidad decidió reconocer la pensión de manera compartida con Colpensiones, bajo la figura de la subrogación, así: Colpensiones pagaría el 79% y La Universidad el 21%. (Según la Ley, los Entes Territoriales -la Universidad de Antioquia es uno de ellos- tiene la obligación de pagar, conjuntamente con el Departamento, la pensión correspondiente a todos los demás factores salariales adicionales a los doce salarios que reconoce Colpensiones).
Así se hizo durante más de 10 años y luego, a partir de 2012, la Universidad decidió sustraer este 21% de nuestros bolsillos.
Es cierto que la decisión de la Universidad, para resolver la situación, parece salomónica: resolvía, en gran parte, el pasivo pensional, y reconocía a plenitud nuestros derechos adquiridos; pero, ¿por qué súbitamente desaparece Salomón y es reemplazado por Lucifer, en persona de Alberto Uribe y de su sucesor John Jairo Arboleda? (recuérdese que el rector Alvear no incurrió en demandas). La pregunta a formular en este momento es ¿quién dio, y quién mantiene, la orden de perpetrar el robo? ¿Quién sigue amenazando a la Rectoría y cuál es la teleología de este engendro jurídico monstruoso?
También cabe la pregunta: ¿fue bien intencionada o, simplemente, muy “bien calculada” la decisión del exrector Restrepo Cuartas al subrogar a la Universidad? Restrepo Cuartas sigue siendo, hoy, miembro del Consejo Superior; y me pregunto: ¿está allá para asegurarse de que la economía de la Universidad sea saludable? (que hace mucho rato que no lo es; tal vez desde los albores de su primera rectoría). ¿Por qué guarda silencio el otrora profesor progresista? Quiero recordar que este rector se hizo rEEElegir por tercera vez con el único objetivo de irse con sueldo rectoral (¡no hubo una razón programática¡). Huelga recordar que la reelección del rector no era del espíritu del Estatuto universitario; estaba expresamente prohibida… ah, pero claro: ¡cambiaron el articulito!
Por ahora quiero insistir en mis reflexiones y principios de hace 20 años. (Remito a mi libreto titulado “La Universidad de Antioquia frente al espejo de la democracia”) ¡La rEEElección no sólo es un palo en la rueda de la democracia, sino que es fuente de semillas y de frutos de corrupción! El país entero lo ha comprobado.
VULNERAR DERECHOS ADQUIRIDOS ES CORRUPCIÓN.
En mi carta anterior prometí presentar casos de jubilados damnificados para que se aprecie la magnitud del impacto económico del robo. Veamos el caso de un profesor X que tenía un salario de 3.000.000 en promedio, en los últimos 10 años de servicio. Atención: si este profesor tenía, en su último año de servicio, un promedio salarial mayor, con relación a los últimos 10 años, tenía el beneficio de usar esta cifra mayor como base para el cálculo pensional. (tal era mi caso personal, pero la universidad omitió ese detallito (que se suma al atraco general) en su reporte a Colpensiones.
Bien, la mesada pensional del profesor X sería el 85% de su salario promedio, lo cual equivale a $2.550.000 y, de esta suma, Colpensiones aceptó pagar el 79% es decir $ 2.014.500 y la Universidad se subrogó el compromiso de ajustar el 21%, equivalente a $535.500, para así cubrir, a cabalidad, el derecho adquirido por el profesor. La tesorería de la Universidad paga, a estos servidores de la transición, ese 21% (a mí me pagó durante 9 años) ¡Ojo! la figura es la misma de una “pensión compartida”.
Pero, años después, de una manera azarosa, (¿?) los servidores, uno a uno, vienen siendo demandados y condenados a no seguir recibiendo ese 21% que llaman “la subrogación”. Unos pocos profesores de mi época siguen recibiendo esta mesada mientras esperan “la notificación”… ¡Hasta 10 años en esa espera y mientras tanto reciben su 21%; muchos hace 9 años que lo perdimos: pregunto ¿hay equidad en estos procesos? ¿Dónde queda la igualdad de derechos? O ¿acaso estamos en frente de un caso de deterioro patrimonial?
Cada servidor demandado se ha visto obligado a pagar honorarios de abogado para efectos de demandas y contrademandas; ahí se pierden los primeros millones. Pero el desfalco económico familiar es mayor si se tiene en cuenta que ese 21% se había convertido en parte esencial: por ejemplo, para pagar cuotas de préstamos al Fondo de Bienestar Universitario o a la Cooperativa u otros. Sin ese recurso, de todas maneras, hay que seguir pagando las cuotas y la mesada para la sobrevivencia queda convertida, en este caso, en $1.479.000, lo que representa un escaso 49.3% de lo que era el sueldo mensual. ¡DE QUÉ DIGNIDAD PROFESORAL ESTAMOS HABLANDO! (claro: todas estas cifras se refieren a valores del momento de la jubilación; si fuéramos a ponerlo en cifras actualizadas tendríamos que agregar el IPC acumulado de todos estos años, que es el criterio con el que se actualizan las pensiones)
Para ir cerrando, por hoy. Si este servidor X hubiera sido jubilado por la Universidad, como todos los anteriores a la transición, su pensión hubiera sido del 100%, es decir, equivalente a $3.000.000. Entonces, ¿qué puede pensar, de la Universidad, un jubilado sometido a este maltrato – atropello – robo? Vamos, también, a calcular cuánta plata ha dejado de recibir el profesor X en 10 años de condena; saquen su calculadora; rompamos el pacto de silencio y ayudemos a responder estas preguntas. Lo discutiremos en la próxima catilinaria.
Junio 28 de 2024